Estando en la coyuntura política en la que estamos, no quisiera dejar pasar la oportunidad de posicionarme con claridad a través de unos argumentos, para mí incuestionables, aunque ello me suponga desencuentros. Nunca pretendo tener razón absoluta, pero esto es lo que pienso sinceramente. El que vea errores, que me lo comunique, que no me importa cambiar de opinión, si ello me lleva a la verdad.
Con la abdicación del rey Juan Carlos se abre, querámoslo o no, un periodo de cambio. Cambio que quieren minimizar los que apoyan la monarquía, tratando de obviarlo, para verlo como simple transición, pidiéndonos que confiemos en su vástago “tan bien preparado para el puesto”.
En primer lugar está la legitimidad. La Ley de Sucesión de 1947, que era una de las ocho leyes fundamentales del franquismo, decía que sería Franco quien nombraría al monarca del reino «cuando lo considere conveniente». Naturalmente, que tal designación fue caprichosa, sin respetar líneas de sucesión tradicionales, pues el carnicero del Pardo no quiso a Alfonso de Borbón, ni al padre de Juan Carlos, porque no le apeteció, ¡que si hubiera querido…! Luego la Constitución de 1978, ratificada en referéndum, santifica ese capricho. Pero, ¿qué legitimidad tiene una monarquía que nos metieron en el mismo paquete junto a la democracia y que no se ha votado por separado?
Una vez recobrada la democracia tras el franquismo, nunca-jamás se nos ha preguntado qué forma política queremos, monarquía o república. Por ello, se debería aprovechar esta coyuntura de “relevo generacional” para consultar a los ciudadanos de nuestro país qué es lo que de verdad queremos. Y no debería haber problema, que si la mayoría quiere la monarquía la tendremos legítimamente, no como hasta ahora.
Parece que nadie discute que somos ciudadanos, en lugar de súbditos, ya que nuestra “democracia” nos constituye en igualdad a todos, excepto, y esto es importante, al monarca, con privilegios tales como la irresponsabilidad ante la ley. Quiere esto decir que si los presuntos delitos cometidos por el yerno del rey abdicado, los hubiera cometido el propio monarca –¿qué no sabremos?–, ninguna instancia judicial podría juzgarle. En España hay, por tanto, un individuo por encima de la ley, que tiene sus negocios privados y que no puede ser juzgado nunca. Y este privilegio se lo transmite como herencia a su hijo.
Y hago hincapié en el término masculino de “hijo”, porque es lo que dicen actualmente nuestras leyes. En nuestro siglo –y durante los dos anteriores– se ha ido ganando día a día la igualdad entre hombres y mujeres. Pero existe un ámbito donde se ha saltado arbitrariamente esta pretensión justa –aparte, claro está, de la esfera privada de la Iglesia–. Sería coherente con nuestros días que la sucesora al trono fuese la primogénita, la infanta Elena. Pero, aprovechando los coletazos de las leyes franquistas que consideraban a la mujer como ciudadano de segunda clase, se ha mantenido la prevalencia del varón. Y, por favor, que no me hablen de leyes sálicas tradicionales de la monarquía, por mucho que lo recoja nuestra legislación, pues quedan tan desfasadas en nuestro siglo, como el derecho de pernada, o el servilismo, y si no se han suprimido ya es porque no se ha querido.
Sottovoce se explica que la primogénita no es “adecuada” para el puesto, y no hay duda de que en cuanto esté reinando Felipe, se sancionará una ley que acabe con esta aberración legislativa, para que Leonor sea la Princesa de Asturias y ningún hermano varón que esté por nacer le quite el puesto. Pero, ¿quién nos garantiza que no aparecerá otra “Elena” en la línea sucesoria? O, peor aún, algún personaje indigno, que de estos en el linaje borbónico tenemos todos los que queramos, significándose los ejemplos del ignominioso Carlos IV, del nefasto Fernando VII, de la casquivana Isabel II o del corrupto Alfonso XIII.
A ello hay que sumar la forma fraudulenta y criminal de terminar con la II República Española. Un golpe de estado fracasado, que sus organizadores quisieron que fuera muy violento desde su concepción, para que no hubiera vuelta atrás, y que concluyó en uno de los episodios más vergonzosos de la Historia de España de todos los tiempos, como fue la Guerra Civil. Y con ésta no acabó todo, pues fue continuada con la sangrienta represión del régimen subsiguiente, el cual dejó “atado y bien atado” quién nos debería gobernar en lo sucesivo.
No existe otra forma de cerrar esas heridas y conseguir de verdad la reconciliación, que con la negación de tal régimen franquista y de sus consecuencias. Una de las cuales es la actual monarquía borbónica.
Mucho se habla de la imagen exterior de nuestra monarquía y de cómo nos quieren por ahí fuera por tener un rey. Me temo que no es el caso del resto de repúblicas, que si nos envidiaran no tendrían más que coronar a su presidente y regalarle la heredabilidad. ¿Absurdo, no? Entonces, ¿quién nos quiere por ser monárquicos? ¿Las dictaduras del Oriente Medio? ¿Los países iberoamericanos? A las primeras les daríamos el mejor de los ejemplos con una democracia parlamentaria republicana y los segundos nos apreciarían de verdad si nos viesen como a iguales, como hermanos de lengua y cultura, que han tenido históricamente un gran encuentro de continentes y algunos encontronazos colonizadores. Colonizaciones dirigidas por monarquías de siglos pasados. Jamás nos verán como a hermanos, junto a los que realizar proyectos, si la soberbia monárquica sigue acompañándonos. ¿Cuándo abriremos los brazos a Latinoamérica como iguales? ¿Y a nuestros hermanos portugueses? ¿Les pediremos que se federen en una república ibérica, o que sean súbditos de nuestro rey?
En otro argumento, hay quien dice que la monarquía sale más barata que una presidencia republicana, y echan cuentas y todo. Perdonen, pero así, a gosso modo, no puedo creerlo, aún sin entrar a valorar cómo nuestro monarca recién abdicado tiene una misteriosa fortuna de unos 1.800.000.000 €, lograda en sus treinta y nueve años de reinado. Son datos del prestigioso diario The New York Times, a quien nadie ha desmentido. Que no me cuenten trolas, ¿cómo va a ser más caro realizar elecciones presidenciales cada cuatro o cinco años, y mantener a un presidente de la República, que pagar una Casa Real y toda su descendencia, con sus palacios y boatos –léase bodas, barcos y vacaciones?
Es por estas razones que veo necesario posicionarme a favor de la consulta popular sobre la continuidad de la monarquía y, en esta consulta, abogo por la forma republicana que recupere el espíritu modernizador de la II República, truncada sanguinariamente por quienes no soportaron el régimen democrático, y que fueron apoyados abiertamente por los fascismos europeos que tanto daño trajeron al continente.
La democracia que, teóricamente, es el gobierno del pueblo, debe hacerse desde abajo hacia arriba, y desde la igualdad de todos los ciudadanos, que elegirán su forma política de manera libre y no impuesta.
¿Existe algún motivo racional para continuar en el siglo XXI con una institución obsoleta, que es cara, es injusta, no da prestigio, tiene privilegios y fue impuesta por una dictadura?